La Patria Valparaiso page 6

LA PATRIA.
VALPARAÍSO, OCTUBRE 30 DE 1872.
ECOS DEL DÍA.

A juzgar por los antecedentes, la mayoría de la cámara declarará que ha lugar a formación de causa, y, privado del fuero de que hoy goza como diputado, el señor Palazuelos será sometido a los tribunales de justicia. Persuadidos (como puede estarlo quien examine desinteresada y desapasionadamente los datos del sumario y los antecedentes del asunto) de la necesidad de considerar en él los dos intereses trascendentes que comprende, la independencia del poder judicial y la organización interior del país, y creyendo que, como nosotros, los tribunales buscarán y encontrarán el delito presunto, más en el régimen interior del país que en los hombres que han sido víctimas de él, no lamentaremos que la cámara conceda el desafuero, porque no podemos lamentar que el poder judicial ejerza con absoluta independencia sus funciones.
No juzgaremos, por tanto, los móviles que hayan podido aconsejar a la mayoría de la cámara la conducta que ha observado, la reserva que ha guardado, la predisposición al desafuero que desde el primer momento ha demostrado, ni perderemos el tiempo en deplorar que se haya perdido la ocasión de juzgar a fondo la situación de la propiedad y de la seguridad individual, que tan mal trechas se presentan en ese asunto, ni insitiremos extemporáneamente en la necesidad de interpretar difinitivamente los artículos 15, 16 y 17 de la constitución y de definir para siempre la competencia parlamentaria en casos como el actual.
Si todo eso pudo hacerse y no se ha hecho; si en todo pudo darse y no se ha dado, una prueba palpable de que ante los intereses del país no hay en la cámara intereses de partido, es lamentable, es deplorable, y lo lamentaremos y lo deploraremos; pero hoy importa consignar una verdad y exparcirla y fortificarla por la publicidad. La cámara no ha operado como tribunal de justicia, no ha juzgado, no ha fallado, no ha condenado. El hecho sometido a su acción no es el hecho judicial, que sale íntegro e intacto de la cámara para ir a su término natural, los tribunales de justicia, únicos que pueden declarar si es culpable el ciudano que, en legítima defensa de su propiedad, de su persona, de sus derechos y su vida, desamparado por la administración y por la ley, contesta a la fuerza con la fuerza, defiende a mano armada la vida y el derecho que intentan arrebatarle a mano armada.
La cámara no puede decir ni ha dicho que el señor Palazuelos es culpable, porque no puede decir lo que no sabe, porque no puede saber lo que no debe, porque no debe saber lo que solo compete saber a la justicia. La cámara (si consiente en el desafuero del diputado por Cauquenes) dirá tan solo que necesita del poder judicial el completo esclarecimiento del asunto, para volver a él en la parte que le toca; es decir, para que una vez demostrada por la acción judicial la inocencia del ciudadano que se ve compelido a defenderse de la fuerza con la fuerza, pueda al poder legislativo intentar la reforma de un orden interior tan insólido, de un régimen interior tan incompleto, que hace necesario el empleo de la fuerza para obligar a las autoridades de distrito a respetar la hacienda y la vida que les están encomendadas.
Esto, que nosotros decimos desde el primer momento, es lo sostenido por el señor Matta, sobre el cual lanzan una calumnia inútil los que, por defender con excesivo celo la conducta irreñexiva o apasionada de la mayoría, quieren hacer pensar y hacer creer que los defensores del fuero parlamentario y de los artículos constitucionales que lo instituyen, piden la irresponsabilidad del diputado y van, por ella, a no sabemos qué monstruosas consecuencias.
Se ha sostenido el fuero, aun condenándolo, como lo condenamos nosotros, porque es un precepto constitucional, no por eludir la acción de la justicia, cuya independencia pedimos y necesitamos, cuyo fallo buscamos, no solo por seguros de que será favorable a la inocencia, sino por ser el único que puede declarar y honrar la inocencia de los que no han hecho otra cosa que cumplir con su deber al defender su derecho.

 

LA PATRIA.
VALPARAÍSO, OCTUBRE 28 DE 1872
ECOS DEL DÍA.

Si el señor don Pedro León Gallo no hubiera pedido segundo discusión para el asunto Palazuelos, la sesión del sábado hubiera sido la última que consagrara a ese negocio la cámara de diputados. Su importancia y el curso que se le ha dado justifican la demanda del señor Gallo, y nosotros celebramos que se haya atendido y celebraremos que la cámara delibere maduramente y discuta antes de decidirse. En su discurso el señor don Manuel Antonio Matta ha demostrado lo que desde el momento primero en que tratamos de este asunto, enunciamos nosotros; que el asunto interesa a todo el país, porque todo el país necesita saber si, diputado o propietario o simple ciudadano, los bienes y la vida de un hombre están a merced del capricho de una autoridad y a disposición de un subdelegado cualquiera.
Interés capital de una sociedad son la independencia de su poder judicial, la igual aplicación de la justicia, la igualdad de la ley para todos, y nosotros, por salvar la primera, por hacer absolutamente independiente al poder judicial, no vacilaríamos en abolir el fuero de los representantes del país, como no vacilaríamos en abolir todo fuero; pero no es menos capital interés de una sociedad la igualdad de su régimen interno, y la monstruosidad  olítica que se presenta al examen de todos en el asunto- Palazuelos nos precuparía más exclusivamente que cualquiera otra cosa. En efecto; no hay posibilidad de verdadero orden en tanto que toda la república no vea asegurados en todos sus ciudadanos todos los derechos civiles que las leyes garantizan, y no hay garantía para esos derechos en tanto que existan acumulaciones de atribuciones y facultades tan absurdas en un solo hombre como las que hacen omnipotentes a los subdelegados.
La reforma del régimen interior; eso es lo que hay patente y palpable en los tristes acontecimientos de Peña Blanca. Cualquiera sea la decisión de la cámara; cualquiera el fallo de los tribunales, cualquiera el resultado judicial de este negocio, siempre resultarán dos cosas: primera, que la conciencia pública aplaudirá a los que han defendido por sí solos derechos que estaban amenezados por una autoridad arbitraria: segunda, que no habrá orden interno hasta que la vida interior del país no esté regida por instituciones menos despóticas, menos coloniales, menos bárbaras que las subdelegaciones, que son en resumen todo el régimen del país, no   solo porque las autoridades de distritos son las más numerosas, sino porque su acción necesariamente injusta se ejerce sobre la parte del país que más dirección y dirección más democrática, más justa, más legal exige.
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Serían tan poco honrosas para el señor intendente de Santiago, las alabanzas basadas en el deseo de complacerle, que, si nosotros pudiéramos consentirnos la debilidad de alabar con ese objeto, reprimiríamos el deseo por no ofender al alabado. Cada elogio debe ir fundado en un mérito; deber ser reconocimiento de un servicio, debe presentarse como un estímulo, y cada vez que hemos elogiado al señor Vicuña Mackenna hemos presentado el fundamento del elogio; una vez ha sido su idea general de la transformación de Santiago por la acción de Santiago mismo; otra vez ha sido su idea de festejar el aniversario de la patria con una exposición de sus progresos; algunas veces ha sido por su modo peculiar de administrar; siempre ha sido con objeto de estimularlo a perseverar en su patriótico designio.
Alaba bien el que censura bien, y muchas veces hemos puesto la censura justa al lado de la alabanza merecida. Eso tenemos que hacer hoy. Vamos a censurar la flexibilidad del señor intendente de Santiago, alabando la sencillez del señor Vicuña Mackenna. Como casi todos los que se han decidido a utilizar las flaquezas de su prójimo, el señor Vicuña Makenna tiene aquella sencillez infantil que cree seriamente que pone de relieve la ridiculez de las pasiones humanos cuando se hace instrumento de ellas. Para embellecer una plaza que recuerda una catástrofe, el señor Vicuña Makenna ha dicho: “vosotros los que perdisteis deudos en aquella de la Compañía, venid a mí; yo os doi un monumento, si me dais suscriciones para él.”
El prójimo pensó que el monumento podía llegar a ser una rehabilitación de mármol o granito, solemne, severa, perpetua, nacional, del crimen cometido por el fanatismo, y se prestó gustoso a la obra, reservándose el derecho de consagrarle a su objeto peculiar.
El prójimo hacía su propia obra, en tanto que el sencillo señor Vicuña Mackenna, secundado por el diligente intendente de Santiago, creía hacer un servicio a la ciudad, haciendo de paso una mueca a la flaqueza de los hombres.
El monumento, expiatorio en un principio, degeneró después en simplemente conmemorativo, para convertirse finalmente en templo reparativo del antiguo. Contra la conversión del monumento expiatorio, en templo reparado y reparador, protesta el Ferrocarril en su editorial del sábado; el Independiente aboga en favor del supuesto derecho de convertir en templo erogaciones que se han hecho con un fin distinto.
Ese monumento es inútil, como expiación y como recuerdo; es peligroso como templo. Monumento expiatorio, serviría para que expiara la inocencia el pecado cometido en ella por el fanatismo furibundo, y nada más. ¿Qué se expiaría con él? ¿El pecado de los que alucinaban a los fanáticos? Pues debían ser los pecadores quienes elevaran a su costa el monumento: ¿el duelo de los que perdieron en la catástrofe a sus hijas, a sus mujeres, a sus deudos? Expiación absurda, que haría delincuentes a las víctimas del delito. Monumento conmemorativo, serviría para recordar lo que debe borrarse de toda memoria, de todo corazón, de todo espíritu: la huella mortal del fanatismo.

Pero si una piedad a la inversa pudiera, petrificándose en ese monumento, reclamar mudamente, desde él, perdón para los que extravían la fe sencilla, lágrimas para las víctimas de esa fe extraviada, un templo que recordaría el antiguo, que presentaría triunfante otra vez el extravío religioso contra el cual protestó la misma fe , sería un sarcasmo. El templo y no el monumento es, sin embargo, lo que el señor intendente de Santiago está dispuesto a conceder a los que se han prestado a las abundantes cuestaciones, cuando se declara dispuesto a hacer lo que quiera la mayoría de los cuestantes. ¿Tienen éstos derecho para dividirse en mayoría y  minoría en un asunto que no está sujeto a deliberación, que no puede estarlo, desde que han sido solicitados para un fin concreto, y ese fin es la erección de un monumento conmemorativo, y no un templo? Por su parte, ¿debe el señor intendente de Santiago obrar conforme al voto de una mayoría, que no tiene el derecho de ser oída ni consultada, cuando él no ha pedido erogaciones para resolver, sino que ha resuelto anticipadamente emplear esas erogaciones en un objeto de antemano conocido por todos los que erogan, y aceptado por ellos y aprobado al erogar?

 

LA PATRIA.
VALPARAÍSO, OCTUBRE 26 DE 1872.
ECOS DEL DÍA.

 

 

¡Bienaventurados los pueblos perezosos, porque ellos serán pasto de la actividad de sus enemigos! Se echa encima el 1° de noviembre, día consagrado por la ley para una de las funciones electorales más importantes, acaso la más decisiva, y no se nota la más leve actividad, y no hay indicio de que piensen los ciudadanos en el ejercicio de su derecho, y de todo se habla menos de la responsabilidad del porvenir político del país que sobre cada ciudadano pesa hoy.
Hay, al contrario, muchos ciudadanos en muchos de los centros políticos más influyentes de la república, que se preparan a no hacer nada, que no harán nada o no quieren hacer nada, porque así creen hacerlo todo, porque así creen protestar contra la burla que, no convirtiendo en ley el proyecto de reforma electoral, se ha hecho a la esperanza del país. Si de este error participan todos los remisos de este instante; si a ese error se debe la casi general apatía de los ciudadanos, es necesario desvanecerlo, es necesario decirles [ilegible] de aban- [ilegible] del bien o del [ilegible] es arbitro, del [ilegible] …ponsable todo el [ilegible] lo usa. Los pesi-[ilegible] patriotas; pero [ilegible] que [ilegible] mucho a [ilegilbie] el derecho ni en [ilegible] sacrificarse por su [ilegible] egoístas se sin [ilegible] del sacrificio; pero no sabe cumplir con su deber ciudadano, que es lucha diaria, afán continuo, fe imposible en su derecho y en su libertad, sacrificio constante de todos sus despechos, de todas sus desesperaciones, de todos sus desencantos.
Los que se nieguen a ejercer sus derechos en las elecciones, cuyo primer paso, la calificación, empieza en noviembre, tendrán y tienen motivos tan poderosos como generosos para quejarse del curso que se ha dado a la más importante de las reformas intentadas en la actual legislatura; pero cuando más y mejores sean esos motivos, más obligación tienen de constituir municipalidades favorables a sus ideas, de formar un nuevo congreso con hombres de ideas favorables a la reforma. Abstenerse de un derecho es siempre una falta; en algunos momentos es delito. Creemos que sería un delito nacional el que se cometiera hoy absteniéndose de tomar parte activa en todos los actos electorales, e invitamos a cuantos nos lean a cumplir con su deber y a que prediquen a todos sus amigos el cumplimiento del deber electoral.
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Esperábamos que la discusión del asunto Palazuelos no sería una cuestión del partido, y anhelábamos que empezara. Ha empezado, y se ha desvanecido la esperanza. La sesión del jueves ha empezado a probar que hay una cuestión de partido, un interés de círculos políticos, debajo de la más grave cuestión de competencia parlamentaria. Una votación de 29 diputados contra 27 suprimió el trámite dos veces necesario de pasar el asunto a comisión: la voluntad de esa mayoría obligó al presidente de la cámara a poner en discusión “la proposición de un juez letrado;” una mayoría semejante se opuso a la justa indicación del señor Gallo (A. C.) que tenía por objeto esclarecer un punto esencial del sumario; la tendencia manifiesta de la mayoría a desentenderse del asunto (acaso por creer sinceramente que es de exclusiva competencia judicial) obliga a la cámara a una discusión superficial que, como todas las de su especie, será más larga, más intrincada y más ineficaz que hubiera sido la discusión cuidadosa, minuciosa, escrupulosa.
Los señores Matta, Cruchaga y Gallo, que se han puesto en el verdadero punto de vista de la cuestión y que la han tratado con abstracción de los intereses políticos y personales que envuelve, no serán los únicos que ilustren la difícil materia hoy en debate. Celebraremos que, despojándose de sus efectos de partido o personales, mayoría y minoría, oradores y votantes, piensen exclusivamente en los altos intereses de justicia abstracta, de derecho positivo, de competencia parlamentaria, que puede salvar o arriesgar ese debate.

 

LA PATRIA.
VALPARAÍSO, OCTUBRE 25 DE 1872.
ECOS DEL DÍA.

Según el acta de inspección, dada por los facultativos de Talca que examinaron el cadáver de Zavala, éste murió de muerte voluntaria ocasionada por suspensión. Si es como los médicos afirman, es mejor que así sea: habrá habido un desgraciado que ha cometido en sí mismo un crimen triste; pero no habrá habido la serie de atrocidades con que la versión anterior de este hecho lo presentaba a nuestros ojos.
Lo que los médicos no niegan, aunque tampoco lo afirman expresamente, es que el suicida no llegara a la desesperada resolución que tomó por las causas que ese suicidio se atribuyen, y es necesario tomar acta de ese silencio de los facultativos, para insistir en lo que tantas veces, y tan inútilmente, hemos insistido. De las indagaciones del tristísimo suceso, se desprende esta alternativa: o Zavala murió a consecuencia de los azotes recibidos, y los azotadores simularon un suicidio para ocultar el crimen por ellos cometido, o Zavala se suicidó a consecuencia del dolor físico y moral, de la desesperación y de la ira producida en él por la flajelación de que fue víctima. En el primer caso, era necesario pedir,, además del castigo de los criminales, la abolición de la pena de azotes cuya subsistencia autoriza los abusos que se hace de ella. En el segundo caso, es necesario pedir la abolición de la pena de azotes para que, no puediendo aplicarse ni aun en el único caso en que la ley la ordena, no pueda aplicarse abusiva y arbitrariamente en casos no señalados por la ley, como ser el caso de Rengo y el de Talca.
En ambos casos, nosotros nos hemos disentido del sentido literal de la ley y hemos pedido la abolición de la pena de azotes, no porque esa pena haya sido aplicada legalmente, no para excusar el crimen de infracción de ley que habido en aplicarla arbitraria y bárbaramente, sino para expresar que, dada como ley bárbara, su simple existencia explica las infames aplicaciones de ella que la violencia, el capricho, el odio o la venganza pueden hacer y hacen.
En otros términos: por mucho que nos importe condenar el crimen de que con vergonzosa frecuencia se hacen reos los que convierten en preventiva una ley meramente represiva; los que convierten en tormento una pena; los que que, violentando la letra y el espíritu de la ley, se salen de ella para inquirir un delito, que, solo en el caso de ser calificado por los tribunales podría merecer la pena de azotes; por mucho que nos importe condenar a los que así convierten en lev su propia voluntad malvada, más nos importa condenar law   negligencia social que se demuestra dejando subsistente una ley que, además de ser bárbara, ineficaz, siempre excesiva, siempre contraria al principio corrector de la pena, es ocasionada a las arbitrarias, abusivas y criminales aplicaciones que se hacen de ella.
La ley existe, la ley, ya abolida, se restauró, porque se pensó que era el único medio de imponer a determinada clase de delincuentes; es, en ese sentido, una ley especial, para cosas especiales y hasta para una clase especial de delincuentes. Los ejecutores y los subordinados de las autoridades judiciales lo saben, y es natural (porque también la barbarie es natural cuando está reconocida por una ley) que cada vez que una determinada clase de delincuentes se niegue a confesar su delito o lo agrave por otro posterior o merezca una corrección especial, se crea que la única posible es la que reconoce necesaria la ley para esa clase de delincuentes. La ley, se dirá, no reconoce la necesidad de la pena de azotes, sino en un caso, y por mandato y fallo del juez competente.
Enhorabuena; pero como los ejecutores y los subordinados de la justicia ven una ley para un caso y una clase, creen posible atribuirse el derecho de aplicarla en casos parecidos o que, como no pareciéndose, impongan la necesidad de contener a la clase contra quienes se instituyó a la ley.
Para que desaparezcan esos atentados contra la ley, es necesario que la ley desaparezca ; para que nadie se atreva a imponer arbitraria y criminalmente la pena de azotes, es necesario que, abolida la pena, no pueda nadie aplicarla legalmente. La ley bárbara engendra contumbres bárbaras.

 

LA PATRIA.
VALPARAÍSO, OCTUBRE 21 DE 1872.
ECOS DEL DÍA.



Tomando pretexto del acto de un senador, que se retiró del senado en la sesión del viernes para protestar de los aplazamientos cada vez más expresivos con que allí se combate la reforma electoral, un diario adicto a los contrarios de la reforma encuentra modo, y lo aprovecha con deleite, de combatir el proyecto de ley electoral y de justificar la extraña conducta que se emplea para evitar su pronta discusión.
Combate la reforma suponiéndola, ex-cathedra, inferior a la ley reformada y peor que ella. Justifica en la naturaleza misma de la ley, en la necesidad de estudiarla prolijamente y en la no menos urgente necesidad de no sancionar una ley peor que la existente, los tercos aplazamientos del senado.
Ya hemos dicho todos los partidarios de la reforma hasta qué punto son insólidos los motivos que se fundan en el tiempo: hasta qué punto es contraria a la dignidad del senado la argumentación basada en la necesidad de estudios que deben ser previos, que han debido hacerse antes, mucho antes de que llegara hasta él la reforma, y no perderemos el tiempo en repetir lo que se sabe y en provocar sonrisas de duda que van ya, por la repetición, convirtiéndose en gestos de impaciencia. Lo que podemos y debemos hacer es llamar seriamente la atención del gobierno y del país sobre dos hechos que tocan de cerca a uno y otro y que comprometen la responsabilidad de uno y otro.
Al gobierno es bueno recordarle que es un acto de debilidad el a que se presta, cuando consiente que sus amigos pongan obstáculos a una ley que él mismo no se ha atrevido a combatir en la cámara.  Al país le recordaremos que es culpa suya la burla que de sus deseos están haciendo y que será culpa suya si la reforma no se discute a tiempo.

El gobierno ha puesto en el capítulo de las reformas a que aspiraba la de la ley electoral. Lo hizo por uno de estos dos motivos: o porque así lisonjeaba esperanzas del país; o porque, elevándose al concepto positivo del gobierno, intentaba crear una situación sólida en donde la influencia directa del país alterara las influencias personales y trasladara la fuerza que tienen los gobiernos personales o semi-personales, de la ciega docilidad de sus sostenedores a la confianza que da el apoyo del país. En el primer caso, el gobierno se ha hecho un daño directo al consentir que burlen sus parciales las esperanzas por él acariciadas: en el segundo caso, ha consentido en declarar que no tiene confianza en el apoyo del país y que, gobierno de partido y de ardides e influencias personales, no puede vivir sino con el auxilio interesado de los pocos que logran sustituirse a los muchos, a la opinión pública, al país. De esa alternativa no hay salida. Gobiernos fuerte, lo hubiera fortalecido la satisfacción de las esperanzas nacionales.  Gobierno débil, lo debilitará más la pérdida de confianza pública que subsigue a todo acto indeciso, oscuro o sinuoso.
Pero así será deplorable para el gobierno que, por debilidad en sus amigos, y por haberse a destiempo arrepentido de la política concienzuda que bosquejó el mensaje presidencial, no se discuta en el senado la reforma electoral, será deplorable para el país que, por inercia, por desidia, por abandono de sus derechos, por insensato desdén de los medios auxiliares de la libertad, por una apatía vergonzosa y por un pesimismo criminal, haya dejado al acaso la resolución del problema político más trascendente que está él obligado a resolver. El país ha podido y ha debido, puede y debe influir en la actitud del  senado, expresando por los medios legales que la constitución y la costumbre le otorgan, su resolución de convertir en ley la reforma electoral, su deseo de hacer eficaz el derecho popular, su derecho a una mayor y más directa participación de la nación en el gobierno de sí mismo. No basta quejarse, despacharse, desanimarse, entregarse a la duda, abandonarse al pesimismo corruptor; es necesario quejarse hasta que oigan, protestar con éxito, tener fe en el derecho, declarar su fe, y, en cuando dependa del país, imponer legalmente su derecho.
Un pueblo apático es responsable de sus males y es autor del mal gobierno, si lo tiene. Responsable de sus males, porque no quiere tener actividad para remediarlos. Autor de su mal gobierno, porque hasta los gobiernos buenos pueden degenerar en malos por falta de estímulos, de fines, de ideal, y, en una democracia, el pueblo es el que tiene el estímulo porque él es quien conoce sus fines y quien acaricia su ideal.
Está el país amenazado de unas nuevas elecciones bajo el imperio de la antigua ley: si el país se escuda en el gobierno hará muy mal: si el gobierno se excusa con la indiferencia del país, hará muy mal.
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El señor Tagle, más previsor que el señor Vicuña Mackenna, se niega en una carta donosísima, a ceder un terreno suyo que fue en otro tiempo una capilla o una ermita. El señor Tagle no quiere, y hace bien, reconstruir la colonia.

El señor intendente de Santiago, a quien con frecuencia aplaudimos, encontrará en la censura que vamos a hacerle el deseo que tenemos de no verle incurrir en inconsecuencias. Los inconsecuentes son débiles, y sería prueba de enemistad el aplaudir debilidades.

En una, y peligrosa, incurre el señor Vicuña Mackenna al empeñarse en resucitar los testimonios de la colonia; al esforzarse por dar a la capital de Chile y al país los monumentos coloniales que el tiempo benéfico enterró; al obstinarse en dar a un pueblo americano la genealogía española que todo pueblo americano debe, por instinto de conservación, desechar y destrozar. Hay toda una escuela de heráldicos que se complacen en buscar los antecedentes genealógicos de la nación que se forma, en la colonia que sucumbió; los blasones de la colonia, para colgárselos a la nación independiente, y, como si no fuera infinitamente más racional y más patriótico desechar la pesadilla española de tres siglos que imposibilitó el desarrollo saludable de la sociedad chilena, se empeñan en alterar el tranquilo reposo de la nación naciente con los recuerdos de la pesadilla que la atormenta todavía.
Para esa escuela de heráldicos, somos españoles, descendientes de Valdivia y de Villagra, herederos de los grandes hombres que honrarían a una familia de bandoleros, mantenedores de las santas tradiciones que esclavizan a los hombres, a la tierra, a la conciencia, al comercio, a la industria y a la ciencia; continuadores de aquella galería de miserables, de hipócritas, de merodeadores que despoblaron de indios la superficie de la tierra americana y despoblaron de metales las entrañas de los Andes: tuvimos que arrojarles a puntapiés de América; pero no fue porque no fueran nuestros padres (que ellos y no los indios fueron los que nos engendraron), sino porque fueron demasiado padres, interesados en nuestro bien hasta el extremo insoportable de pensar por nosotros, de querer por nosotros, de gobernar por nosotros, de vivir por nosotros.
Ellos fundaron… ¿qué fundaron? tantas capillas cuantos cerros encontraron a su alcance, tantos castillos cuantas posiciones fuertes amenazaban la ciudad, y es bueno, es necesario, es filial, es prueba de gratitud, es demostración palpable de que aun continúan las sacrosantas tradiciones que tuvimos (por buenas) que combatir a sangre y fuego, —el reedificar cuantos testimonios de barro y piedra nos dejaron reconstruyendo de paso el edificio moral que nos constituía en sociedad que no pensaba, que no sentía, que no obraba, sino lo que pensaban y sentían y obraban por nosotros.
Esa escuela de heráldicos, que es ridicula cuando la siguen las pobres gentes que se sangran para verse la sangre azul de los despobladores de América, es funesta cuando se convierte en poder que administra. A ella dirige su ática censura el señor Tagle: a ella dirigimos nosotros nuestras reconvenciones más enérgicas. Chile no tiene nada español que no sea malo. A la España enterrada, tierra encima!

 

LA PATRIA.
VALPARAÍSO, OCTUBRE 19 DE 1872.
ECOS DEL DÍA.

Hecho a todas luces criminoso se llama a la conducta observada por el señor Palazuelos en los dolorosos sucesos de Peña Blanca, y de esa temeraria calificación de un suceso que nadie puede todavía juzgar con datos fehacientes, se deduce que es peligrosísimo el acuerdo por cuyo medio resolvió la cámara hacer cumplir el artículo constitucional que manda poner a disposición del congreso el senador diputado que incurriere en delito no flagrante.
Peligroso y muy peligroso para la independencia de los poderes del estado, para el libre armónico ejercicio de ellos, para la rectitud y la igualdad de la justicia, sería indudablemente el procedimiento seguido por la cámara, si el hecho sometido a su deliberación fuera, como se califica, arbitrariamente, criminoso; si el delito imputado al diputado por Cauquenes fuera un delito flagrante; pero ¿es criminoso el hecho? La cámara no lo sabe, y hay en la cámara una mayoría que supone acto de legítima defensa lo que unos cuantos declaran crimen. ¿Es flagrante el delito, si lo hay?  La cámara no lo sabe. Lo que sabe la cámara es que uno de sus miembros, colocado por tres artículos de la constitución bajo su amparo, es acusado de un delito, cuyas circunstancias no conoce, cuyos antecedentes ignora, cuyo carácter preciso no puede saber hasta que examine y estudie la sumaria. Nada tendría la cámara que ver con el juicio ni el juzgado si la constitución no hubiera previsto y ha preceptuado sobre él: ¿qué debe hacer la cámara?  Sujetarse al precepto, obedecerlo y hacerlo obedecer. Es lo que ha hecho: ¿en dónde está el peligro de hacer lo que manda la constitución? No manda ésta, es verdad, que se ponga libertad al presunto reo; pero ordena que solo se le prenda en el caso de ser flagrante el delito que haya cometido: y como el precepto constitucional tiene por base una duda, y su espíritu es de duda, y su intención es (dudando de la estricta equidad del poder administrativo, que puede coartar al judicial) impedir que el poder adminsitrativo influya sobre el judicial para combatir, por medio de coacciones, a personas políticas o a los partidos de oposición en sus personas, la cámara se habrá ajustado tanto más al precepto constitucional cuanto más precava las coacciones de la administración sobre la justicia y cuanto más impida que intervengan odios, pasiones e intereses políticos en las discordias que puedan tener los represenantes del país con los agentes del poder que administra y ejecuta.
Se busca el origen del precepto constitucional, y se dice: “según la tradición y según las actas de las sesiones de los convencionales de 1833, ellos (los artículos 15, 16 y 17 de la constitución) fueron dictados con el objeto de que el ejecutivo en ningún caso pudiera impedir la reunión de las cámaras por la falta de número, evitando de este modo la fiscalización establecida por  otros artículos posteriores.”
Si tal fue el espíritu de esos artículos, es un espíritu tan oscuro, que es más difícil ver en él lo que intentó que lo que alcanza; pero aun dentro de la intención está la necesidad de la interpretación lata que se les da, pues si el poder ejecutivo, directamente o por medio de sus delegados, por actos ostensibles o imperceptibles, lograra alejar de las cámaras, uno por uno, a los que en ellas se opusieran a su política, el mero hecho de intentarlo en uno solo y de lograrlo en uno solo provocaría y justificaría los temores de las cámaras y haría necesaria la más lata interpretación de esos artículos. Tanto cuanto importara el ejecutivo reducir al fuero común al representante de la nación, importaría a la representación nacional ponerlo bajo su fuero.
Esta es la contienda que hoy se entabla y la que, siempre, en caso idéntico o semejante, se entablará contra el poder legislativo y el ejecutivo. Este querrá que el diputado o senador sea sustraído a la acción del poder legislativo; éste querrá sustraer de la acción del ejecutivo al senador o diputado.
Si de esto se deduce la necesidad de una reforma, en la cual, destruido el privilegio y abolido el fuero, ni ejecutivo ni legislativo intervengan en la acción del poder judicial, la deducción nos parecería más lógica, más sabia y más prudente que el privilegio de diputados y senadores, que el fuero parlamentario; pero mientras exista éste, haría bien el diputado o senador en reclamarlo, el congreso en sostenerlo, el ejecutivo en respetarlo y la justicia en acatarlo.
Eso se hace por la cámara: ha hecho bien.

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